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00:42 | Domingo, 05 Febrero de 2012
Noviembre 23, 2009

Dos zedillistas en jaque

Lo dio a conocer el portal de la revista Forbes. Minutos después, la CFE dio seguimiento al caso, al anunciar que su director general, Alfredo Elías Ayub, ordenaba al abogado general de la controversial paraestatal que, también, investigara el asunto. Dijo Forbes –que no sólo enlista a los ricos y poderosos--, que la compañía suiza de ingeniería eléctrica ABB está implicada en una conspiración para pagar sobornos a funcionarios del gobierno mexicano y con ello asegurar la firma de contratos por 81 millones de dólares, todo ello con la Comisión Federal de Electricidad. Esto habría sido en 1997, cuando el zedillista Luis Téllez Kuenzler era secretario de Energía, y el también archi-zedillista Rogelio Gasca Neri --quien hoy se desempeña como consejero profesional de Pemex-- dirigía a la CFE. ¿Venganza de Carlos Salinas? ¿Llegan sus tentáculos hasta las cortes texanas donde aún reinan sus amigos los Bush? Como sea, dice Forbes, apenas este lunes se dio a conocer que John O'Shea, de 57 años de edad, ex director general de la unidad de Texas de ABB, fue arrestado la semana pasada por su presunta participación en una conspiración para sobornar a funcionarios del gobierno mexicano y conseguir que las empresas de la Comisión Federal de Electricidad o CFE le dieran contratos. A O'Shea le han fincado cargos federales de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas. Según la acusación, O'Shea “se cayó con el tradicional diezmo”. El 10% de los contratos, de los cuales él mismo habría recibido un 1%. de los ingresos ordinarios del contrato como pago de sobornos. En un caso relacionado, el ciudadano mexicano Fernando Basurto, director de una empresa mexicana que se desempeñó como representante de ventas de ABB en sus contratos de CFE, la semana pasada se declaró culpable de conspirar para violar la FCPA y las leyes de lavado de dinero. La unidad de ABB, con sede en Sugar Land, Texas, ofrece productos y servicios a un Estado extranjero de propiedad de muchos servicios públicos de electricidad. Un portavoz de ABB se negó a responder si la investigación federal se extiende a las empresas de ABB en otros países como México.

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